It has been five years since the enforced disappearance of 43 students of Ayotzinapa, in Iguala, Mexico. The shocking events of 26-27 September 2014 left behind them more than 180 victims. In those five years, the state’s investigation has been tarnished repeatedly by the allegations of torture, and of collusion between perpetrators and authorities. A deeply flawed initial investigation by Mexican authorities resulted in the ‘historic truth’ of Ayotzinapa – a fraudulent and incomplete account of the events that our 2017 investigation comprehensively exposed. 

‘Plataforma Ayotzinapa’, a digital cartographic platform used witness testimony and the investigations of the Attorney General’s office (FGR; formerly PGR), and the Independent Interdisciplinary Group of Experts (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes; GIEI), to reconstruct the events of the night. The platform demonstrated the involvement of state security forces in the disappearances, as well as pointing to serious contradictions in the ‘historic truth’.

And yet still, we don’t know where the students are. 

The arrival of a new government in Mexico in 2018 was briefly a cause of cautious hope. A truth commission was created, and a special prosecutor was appointed to oversee the case. But in the last four weeks, the federal judiciary has ordered the release of at least 25 individuals who were detained in connection with the crimes. 

The release of these individuals is the result of irregularities in the investigative process, and of the human rights violations committed by Mexican security forces in the previous administration, which were condemned by the GIEI and the United Nations. Our investigation, and the work of other reporters and activists, has made clear what these irregularities are, but these recent releases suggest that the FGR has not done enough to correct them. 

Today, Forensic Architecture’s Irving Huerta, writing in Proceso, presents new images of one of the buses that was supposedly driven by the students before they were disappeared. Those images indicate that the identification numbers connected to that bus were in fact not modified, as one common hypothesis of the motives behind the crime had suggested. Read more here.

We believe that there are still open avenues to bring justice to the victims of Ayotzinapa, but these must begin from the recommendations made in 2015 by the GIEI. Those recommendations themselves consider a more active role from the part of the Mexican prosecutor in building new hypotheses and rectify the process.

Five years on, we continue to stand in solidarity with the victims, their families, and the communities around them, and we urge the FGR to take serious and tangible steps to find and bring justice for the 43 students.

---

Se cumplen cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, México. Los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014 dejaron un saldo de más de 180 víctimas. En esto cinco años, la investigación gubernamental ha estado constantemente manchada por acusaciones de tortura y la sospecha de que las autoridades y los perpetradores se coludieron. En medio de este corrompido proceso, las autoridades mexicanas construyeron lo que se conoció ampliamente como “la verdad histórica” de Ayotzinapa; que es una versión de los hechos que está llena de errores y falsedades, como lo demostró nuestra investigación de 2017.

Ese trabajo se materializó en la “Plataforma Ayotzinapa”, una plataforma cartográfica digital que reconstruye los eventos de esa noche, de acuerdo con testimonios y las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) — ahora llamada Fiscalía (FGR) — y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La plataforma demostró que hubo elementos del estado involucrados en la desaparición de estudiantes y señaló graves contradicciones en la “verdad histórica”. 

Sin embargo, aún no sabemos dónde están los estudiantes.

La llegada de un nuevo gobierno en 2018 fue motivo de una breve y cauta esperanza. Se creó una comisión de la verdad (que anunció que usaría la Plataforma Ayotzinapa para investigar el caso) y también se designó a un fiscal especializado. Pero en las últimas 4 semanas, el poder judicial federal ha ordenado la liberación de al menos 25 individuos que estaban detenidos por su supuesta participación con el crimen. 

La liberación de estas personas es consecuencia de las irregularidades en el proceso de investigación y de las violaciones a derechos humanos cometidas por la PGR en la pasada administración, y que fueron condenadas tanto por el mismo GIEI y por la ONU. Nuestra investigación, así como el trabajo de otros reporteros y activistas, ha dejado claro cuáles son esas irregularidades, pero las recientes liberaciones sugieren que la FGR no ha hecho lo suficiente para corregir esas irregularidades.

Hoy publicamos nueva información en la revista Proceso, que muestra nuevas imágenes de uno de los autobuses que supuestamente fueron usados por los estudiantes. Lo que indica que los números de identifación de ese autobús no fueron modificados, como sugería una de las hipótesis acerca del móvil del crimen.

Creemos que todavía existen posibilidades para hacer justicia en en el caso Ayotzinapa, pero se debe comenzar con las recomendaciones hechas por el GIEI desde el año 2015. Esas recomendaciones mismas sostienen que hay que reconocer las contradicciones en que incurrió la primera investigación de la PGR.

A cinco años, seguimos en solidaridad con las víctimas, sus familias y las comunidades que los arropan, y urgimos a la FGR a que tome medidas serias y tangibles para encontrar a los 43 estudiantes y brindarles justicia.